Trabajo Infantil
En Guatemala, más de un millón de niños y niñas trabajan. La población económicamente activa se cuenta a partir de los 6 años de edad, y según el Instituto Nacional de Estadística la mitad de la población es menor de 18 años. Es decir, la niñez, la adolescencia y la juventud de este país lo transforman, contribuyen al desarrollo y sin embargo, muy pocos de ellos ejercen sus derechos como ciudadanos y ciudadanas y viven una vida digna.
Muchos de estos infantes trabajan más de 47 horas a la semana, siete horas más de lo marca la Constitución para personas adultas. Del 100 por ciento de niños y niñas trabajadores, el 12.9 por ciento realiza trabajo por abolir, por considerarse dañino a la niñez y de alto riesgo. De esta cuenta muchos niños y niñas mueren fabricando cuetes, picando piedra o intoxicados por pesticidas y fertilizantes.
La mayoría de niñez trabajadora está situada en el suroccidente del país, le sigue en su orden la región noroccidente y la metropolitana.
Esta información, así como otros datos más precisos y alarmantes, es de conocimiento público, o al menos tienen noción de ella funcionarios de Gobierno y políticos. Pese a eso, lejos de disminuir, las cifras aumentan cada año y por ende la pobreza y la exclusión también. Por eso me pregunto, ¿por qué se sigue permitiendo la venta de cuetes, de brócoli y se autoriza a las mineras a continuar su trabajo, cuando niños y niñas quienes lo desarrollan, dejan de estudiar, se enferman y mueren? ¿Por qué no se crean programas agresivos para rescatar a la niñez trabajadora?
Si bien es cierto que los programas sociales de esta administración están encaminados a apoyar a las familias para que las y los infantes estudien, es necesario que vigilen de cerca a quienes a sabiendas de los riesgos que implica contratan niños y niñas, explotándolos con exageradas horas de trabajo y sueldos miserables.
Es importante que las empresas se comprometan socialmente a ayudar a las y los infantes a través de programas de responsabilidad social, como lo hace Telefónica por ejemplo, por medio de los cuales, se ayuda a las familias con víveres y útiles y las escuelas en la construcción de aulas. Pero, además, es necesaria la vigilancia constante del Gobierno para que las leyes existentes se cumplan y así se respeten los derechos de los niños y niñas, en los hogares, en las fábricas, fincas y empresas.
Jueves 21 de octubre de 2010.
Muchos de estos infantes trabajan más de 47 horas a la semana, siete horas más de lo marca la Constitución para personas adultas. Del 100 por ciento de niños y niñas trabajadores, el 12.9 por ciento realiza trabajo por abolir, por considerarse dañino a la niñez y de alto riesgo. De esta cuenta muchos niños y niñas mueren fabricando cuetes, picando piedra o intoxicados por pesticidas y fertilizantes.
La mayoría de niñez trabajadora está situada en el suroccidente del país, le sigue en su orden la región noroccidente y la metropolitana.
Esta información, así como otros datos más precisos y alarmantes, es de conocimiento público, o al menos tienen noción de ella funcionarios de Gobierno y políticos. Pese a eso, lejos de disminuir, las cifras aumentan cada año y por ende la pobreza y la exclusión también. Por eso me pregunto, ¿por qué se sigue permitiendo la venta de cuetes, de brócoli y se autoriza a las mineras a continuar su trabajo, cuando niños y niñas quienes lo desarrollan, dejan de estudiar, se enferman y mueren? ¿Por qué no se crean programas agresivos para rescatar a la niñez trabajadora?
Si bien es cierto que los programas sociales de esta administración están encaminados a apoyar a las familias para que las y los infantes estudien, es necesario que vigilen de cerca a quienes a sabiendas de los riesgos que implica contratan niños y niñas, explotándolos con exageradas horas de trabajo y sueldos miserables.
Es importante que las empresas se comprometan socialmente a ayudar a las y los infantes a través de programas de responsabilidad social, como lo hace Telefónica por ejemplo, por medio de los cuales, se ayuda a las familias con víveres y útiles y las escuelas en la construcción de aulas. Pero, además, es necesaria la vigilancia constante del Gobierno para que las leyes existentes se cumplan y así se respeten los derechos de los niños y niñas, en los hogares, en las fábricas, fincas y empresas.
Jueves 21 de octubre de 2010.
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