Polochic
El 15 de marzo a las 15 horas, 512 policías acompañados de soldados y personeros del Ministerio Público, se presentaron en Panzos, llevaban consigo una orden de desalojo para devolverle al ingenio Chabil Utzaj, 13 fincas que habían sido ocupadas desde hace años por campesinos. Nadie sabía del desalojo. No hubo tampoco consulta como lo marca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Los abusos continuaron y “las autoridades” quemaron las viviendas y destruyeron el cultivo de maíz de la comunidad. Una persona falleció y 800 familias, entre ellas, 700 niños y niñas menores de cinco años quedaron sin hogar.
Todo esto con el visto bueno del Gobierno de turno, el gobierno de los “pobres”, que sin empacho alguno dio a conocer mediante un comunicado una posición que personalmente me recordó los tiempos que militares gobernaban Guatemala.
Para quienes habitan esta región esto no es nuevo, esta práctica de agresiones y violaciones a los derechos fundamentales de los seres humanos, es algo con lo que han vivido. En 2008 y 2009 otros campesinos y campesinas resultaron heridos al ser embestidos por las fuerzas de seguridad que además abusaron sexualmente de una niña de 15 años.
Por si esto fuera poco, además de los hechos ocurridos en años anteriores y de este violento desahucio en lo que va del año se han dado ya 42 desalojos.
Una vez más el poder económico se impone sobre la dignidad de las personas, una vez más los interes de unos privan sobre los de otros y quienes nos gobiernan, quienes se rasgan las vestiduras y lloran en actividades públicas pidiendo perdón por los crímenes ocurridos en el pasado se encompichan con empresarios explotadores para seguir pizando la vida de quienes nunca se han beneficiado con las promesas de políticos y lo recaudado por el Estado.
Abusan de la pobreza de estos campesinos, abusan del poder que el dinero les concede para manipular evidencias y se amparan en el discurso de la propiedad privada, descalificando a estas personas con el término de invasores, pagando evidentemente al Gobierno de turno para que, como es costumbre en el país, les sirva y bien.
De esta forma se violan acuerdos internacionales, mientras quienes deben velar por la defensa de los derechos humanos en el país se quedan impavidos. Los agresores, los abusadores, se sienten seguros de que acá, en el reino de la impunidad pueden tal y como ha sido históricamente, hacer y desahacer lo que quieran y cuando quierean, al final de cuentas, con dinero baila el perro y con el perdón de los canes, no encuentro otro calificativo para hechores y consentidores de estas violaciones.
La Hora 31 de marzo de 2011.
Los abusos continuaron y “las autoridades” quemaron las viviendas y destruyeron el cultivo de maíz de la comunidad. Una persona falleció y 800 familias, entre ellas, 700 niños y niñas menores de cinco años quedaron sin hogar.
Todo esto con el visto bueno del Gobierno de turno, el gobierno de los “pobres”, que sin empacho alguno dio a conocer mediante un comunicado una posición que personalmente me recordó los tiempos que militares gobernaban Guatemala.
Para quienes habitan esta región esto no es nuevo, esta práctica de agresiones y violaciones a los derechos fundamentales de los seres humanos, es algo con lo que han vivido. En 2008 y 2009 otros campesinos y campesinas resultaron heridos al ser embestidos por las fuerzas de seguridad que además abusaron sexualmente de una niña de 15 años.
Por si esto fuera poco, además de los hechos ocurridos en años anteriores y de este violento desahucio en lo que va del año se han dado ya 42 desalojos.
Una vez más el poder económico se impone sobre la dignidad de las personas, una vez más los interes de unos privan sobre los de otros y quienes nos gobiernan, quienes se rasgan las vestiduras y lloran en actividades públicas pidiendo perdón por los crímenes ocurridos en el pasado se encompichan con empresarios explotadores para seguir pizando la vida de quienes nunca se han beneficiado con las promesas de políticos y lo recaudado por el Estado.
Abusan de la pobreza de estos campesinos, abusan del poder que el dinero les concede para manipular evidencias y se amparan en el discurso de la propiedad privada, descalificando a estas personas con el término de invasores, pagando evidentemente al Gobierno de turno para que, como es costumbre en el país, les sirva y bien.
De esta forma se violan acuerdos internacionales, mientras quienes deben velar por la defensa de los derechos humanos en el país se quedan impavidos. Los agresores, los abusadores, se sienten seguros de que acá, en el reino de la impunidad pueden tal y como ha sido históricamente, hacer y desahacer lo que quieran y cuando quierean, al final de cuentas, con dinero baila el perro y con el perdón de los canes, no encuentro otro calificativo para hechores y consentidores de estas violaciones.
La Hora 31 de marzo de 2011.
Comentarios